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Sociedad

LGTBI

Castilla-La Mancha vuelve a suspender por no contar aún con una ley LGTBI que proteja a menores trans

Actualmente la región solo cuenta con un protocolo de actuación dirigido a menores trans que cumple tres años. La ley LGTBI autonómica, cuyo texto aún se desconoce, está prevista para esta legislatura. FELGTB sigue considerando necesaria una ley estatal que unifique criterios y amplíe la protección de las personas trans.

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La Federación Estatal de Lesbianas,  Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este lunes un informe que compara las medidas recogidas por las distintas legislaciones autonómicas para garantizar los derechos humanos de la infancia y juventud trans en el entorno educativo. Así, según esta investigación, Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón son las comunidades que cuentan con mejores medidas para garantizar los derechos de la infancia y juventud trans en las aulas. Sin embargo, en Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Principado de Asturias y Ceuta y  Melilla, los menores trans no tienen ningún tipo de protección establecida por ley al no existir legislación estatal, ni autonómica, que los ampare.

El Gobierno de Castilla-La Macha está trabajando en el proyecto de ley LGTBI que ha anunciado será llevado a a las Cortes este periodo de sesiones. Actualmente la región solo cuenta con un protocolo de actuación dirigido a menores trans, vigente desde 2017.

 

Tal y como ha explicado el coordinador de educación de FELGTB, José Luís Ferrándiz, “esta investigación no analiza el grado de implementación de las medidas sino su vigencia, de hecho, tras Navarra, Comunidad Valenciana y Aragón, otras comunidades como Madrid y Murcia, tienen una legislación más completa, pero es de sobra conocido el intento de imponer el veto parental en los centros educativos que vulnera los derechos básicos del alumnado LGTBI.”

Y es que, tal y como ha asegurado “a falta de una legislación estatal que unifique criterios, la implementación de estas leyes en cada comunidad depende de la especificidad de cada región en relación a los fondos públicos disponibles, los intereses políticos de la legislatura actual, la ausencia de un mecanismo administrativo social concreto que permita analizar el estado actual de implementación de cada ley, así como de otras dificultades”.

En este sentido, Niurka Gibaja, ha incidido en que es necesaria una legislación estatal “que clarifique, complete, complemente y dé respuesta a cuestiones fundamentales que son competencia exclusiva estatal”. “Este informe pone de manifiesto que España ya dispone de un cuerpo legal abundante que va a creciendo cada año, pero se trata de normativas desiguales, que generan diferencias entre comunidades, están incompletas, no están implementadas y son muy desconocidas

. Además, es imperativa una legislación estatal que reconozca el derecho de autodeterminación en todo el territorio estatal pues tenemos cinco comunidades autónomas, con 6 millones de personas, donde las personas trans siguen sin derechos y sin ningún tipo de legislación que las proteja”, ha reivindicado.  Asimismo, ha aclarado que “aunque 11 comunidades autónomas ya reconocen este derecho, para determinar la efectividad de las medidas establecidas por las leyes con respecto al colectivo LGTBI y, en especial, a las personas trans, es fundamental que dichas leyes cuenten con un régimen sancionador y, por ejemplo, ni Canarias, ni Galicia, ni País Vasco, lo han incluido en sus legislaciones”.

 

Medidas imprescindibles para garantizar los derechos del alumnado trans

En relación a las medidas que deben adoptarse para garantizar los derechos humanos del alumnado trans, Ferrándiz ha insistido en la necesidad de implementar estrategias de intervención que impliquen una acción coordinada entre las familias, los equipos directivos, los Servicios Sociales y el Tercer Sector. Además, ha evidenciado la importancia de contar con herramientas y recursos de apoyo y solicita un mayor esfuerzo por parte de las Administraciones “para ofrecer formación a través de las AMPAs y espacios de educación no reglada y crear y distribuir de materiales pedagógicos específicos y de apoyo”.

Igualmente, ha considerado fundamental que se ofrezca una correcta información y formación a las familias, los equipos docentes y directivos, así como a los profesionales de los servicios sociales”, ha reclamado. Además, ha reivindicado la importancia de blindar la educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género y ha exigido que la diversidad LGTBI se incluya de manera transversal en el resto de materias como medida fundamental para combatir el acoso escolar.

Por último, Ferrándiz, ha recordado que para garantizar la seguridad y el correcto acompañamiento de la infancia y juventud trans en el entorno educativo son fundamentales las alianzas entre la Administración y el Tercer Sector puesto que las entidades sociales juegan  un rol fundamental a la hora de aportar recursos a los centros educativos: información y difusión, desarrollo de contenidos, sensibilización en los centros, diseño de propuestas de mejora incorporando su conocimiento e interacción con distintos agentes institucionales, etc.