Castilla-La Mancha contará con una ley de Agricultura Familiar que apuesta por el relevo generacional, la sostenibilidad y la fijación de población

El Gobierno regional ha dado el visto bueno al proyecto de Ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha planteado como “una apuesta estratégica de futuro y un punto de inflexión también para luchar contra la despoblación y fijar población en el medio rural a través del sector agropecuario desde un punto de vista absolutamente sostenible”.

Así lo ha destacado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, quien ha detallado que esta nueva normativa “beneficiará a 120.000 personas de Castilla-La Mancha que trabaja en alguna explotación familiar” en el ánimo de mejorar la inclusión socioeconómica y el bienestar de las personas que se dediquen a la agricultura familiar.

En cuanto a los objetivos básicos de la ley, Blanca Fernández ha hecho referencia a la contribución al desarrollo territorial del medio rural; fomentar y mejorar la capacidad profesional, la innovación y el acceso a las nuevas tecnologías de las explotaciones familiares; apoyar y seguir impulsando la incorporación de las mujeres al relevo generacional y también la incorporación de las mujeres al sector agropecuario; asegurar la sostenibilidad de las explotaciones familiares mediante el apoyo a la incorporación de personas jóvenes; y el fomento de parques agrarios y huertos urbanos.

Los retos del sector agrario

Y sobre los retos más importantes que tiene en este momento el sector agrario, la consejera de Igualdad y portavoz ha citado “la incorporación de savia nueva al campo; ese es el reto esencial, incorporación de personas jóvenes y también el reconocimiento del papel de las mujeres en el sector agrario, no solamente un reconocimiento simbólico, sino un reconocimiento legal que suponga una mejora en su estatus económico”.

En este sentido, Blanca Fernández ha valorado que desde el año 2016 se han incorporado 4.000 chicos y chicas a la agricultura y a la ganadería con ayudas del Gobierno presidido por Emiliano García-Page. “Es la cifra más alta en un mismo periodo de tiempo y, además, una de cada tres han sido mujeres”, ha insistido.

Además, “desde 2015 hemos multiplicado por ocho las explotaciones de titularidad compartida, que han pasado de ser apenas 28 a ser 252. Esto supone que una de cada cuatro explotaciones de titularidad compartida de España se encuentra en Castilla-La Mancha. Y sabemos que queda mucho por hacer, pero es un avance y un salto cualitativo muy importante”, ha declarado la consejera y portavoz.

Cabe indicar que en la ley se reconoce el carácter individual o con base asociativa de las explotaciones familiares, y define las zonas de protección agraria, que serán todas “aquellas zonas que consideramos que la actividad agraria es esencial para preservar el territorio, ya sea desde el punto de vista económico demográfico o incluso medioambiental”.

Banco de tierras y de agua

Otra de las novedades subrayadas por la consejera y portavoz del Ejecutivo castellanomanchego es la creación de un fondo de tierras disponibles, también conocido como banco de tierras. “Lo que se pretende es facilitar el contacto entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias o cultivables para recuperar tierras abandonadas o recuperar o frenar el abandono de superficie agraria útil que en este momento está en desuso”. Y a ello se sumará, ha continuado, “un proyecto piloto con el objetivo final de tener bancos públicos de agua, en principio con un proyecto piloto que se realizará a través del Consorcio del Alto Guadiana”.

Para finalizar, Blanca Fernández ha indicado que “de lo que se trata es de impulsar a las explotaciones familiares porque sabemos fehacientemente que son quienes mayores dificultades tienen, y sabemos también fehacientemente que son quienes fijan la población en el medio rural y mantienen la cohesión territorial y social”.