Sociedad
Los diputados del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez y Enrique Belda, han afirmado que "el sector de automoción en España requiere de una reacción inmediata, con el diseño de un Plan Nacional que responda a los desafíos de forma integral, racional y estructurada".
Opinan Fúnez y Belda que "el objetivo no es solo electrificar vehículos, sino garantizar que esa transición sea viable, justa, generadora de empleo, respetuosa con el consumidor y competitiva industrialmente", por ello, el Grupo Parlamentario Popular, a través de una Proposición No de Ley, presentada en el Congreso, quiere promover una estrategia basada, tal y como han explicado los diputados ciudadrealeños, en tres grandes ejes de actuación: Estimular la demanda de vehículos eficientes, accesibles, de todas las tecnologías disponibles en defensa del principio de neutralidad tecnológica y adaptados a la realidad del consumidor español; reindustrializar el sector con criterios de sostenibilidad, competitividad y digitalización; y garantizar una transición tecnológica pragmática y neutral, basada en la innovación y no en el dogma. "Estas medidas están orientadas a reforzar la base productiva nacional, asegurar la continuidad de miles de empleos que dependen del sector y restaurar la confianza del consumidor y de los inversores internacionales", han afirmado.
Asimismo, desde la perspectiva de la demanda, consideran preciso impulsar un Plan RENOVE tecnológicamente neutro, que premie la renovación por niveles de emisiones, no por tecnología, ya que un vehículo que cumpla con la normativa europea de emisiones Euro 6 contamina hasta un 80% menos que uno Euro 3.
De igual modo, entienden que la electrificación debe ser gradual y realista, adaptada a la capacidad adquisitiva de las familias y a las infraestructuras disponibles. "La descarbonización, como bien recuerda la industria, no es solo electrificación, es también renovación del parque, porque mantener vehículos obsoletos en circulación es incompatible con los objetivos climáticos y de seguridad vial". En este sentido, aseguran que el programa de ayudas del Gobierno, el Plan MOVES IV, necesita adaptarse a la realidad del mercado, y para ello proponen desarrollar un sistema que permita la aplicación de descuentos inmediatos en factura al adquirir vehículos de bajas emisiones, gestionados por el propio concesionario. En segundo lugar, introducir medidas de simplificación administrativa en la tramitación, unificar criterios y una resolución automatizada con plazo máximo garantizado. Y, por último, un Plan MOVES IV que incluya todas las tecnologías eficientes: eléctricos, híbridos enchufables, híbridos convencionales, gas natural, biocombustibles e hidrógeno.
Por último, en lo referente a políticas de demanda, consideran Fúnez y Belda que es necesario incluir medidas fiscales que favorezcan a los consumidores de clases medias y trabajadores, reduciendo el IVA en la compra de vehículos eléctricos o híbridos, en línea con países como Noruega, Alemania o Países Bajos, y estableciendo deducciones del IRPF por adquisición de vehículo eficiente vinculado al uso profesional o familiar.
De otro lado, los diputados "populares" señalan que España requiere que el Plan Nacional de Automoción favorezca eficazmente las inversiones industriales y la innovación. Para ello estiman necesario constituir un Fondo para la descarbonización que vaya destinado a proyectos de transformación energética, economía circular, eficiencia en los procesos y automatización industrial. "Este Fondo permitiría dar un impulso al tejido productivo, fomentando la relocalización de capacidades estratégicas -como baterías, chips, electrónica embarcada- y fortalecer la autonomía industrial". Asimismo, las inversiones también deberán favorecer la modernización tecnológica de la industria de componentes, a través de estímulos fiscales para las inversiones en líneas de ensamblaje inteligente, robótica y procesos 4.0, así como el apoyo específico al reciclaje de componentes y la valorización de materiales. Para facilitar las inversiones, explican Fúnez y Belda, se precisará impulsar medidas fiscales que favorezcan las deducciones por l+D+i en el sector, así como la aplicación de coeficientes reducidos para la amortización de maquinaria. "Estas medidas ya existen en países como Francia o Alemania, por lo que es necesario aplicarlas también en España para evitar que nuestras empresas queden en desventaja competitiva", han recordado.
Para finalizar, sostienen que la transición tecnológica en el sector de automoción tiene que fundamentarse en la neutralidad tecnológica y la seguridad jurídica, con los ritmos adecuados, sin intransigencias ideológicas, que permita a cada consumidor, empresa o territorio elegir el camino más adecuado hacia la descarbonización, lo que implica eliminar sesgos normativos que excluyen motores térmicos de bajas emisiones, híbridos o gas natural; o incluir tecnologías como el hidrógeno, los biocombustibles y los combustibles sintéticos en todos los programas de impulso. También alinear los objetivos climáticos con la realidad del parque y la capacidad de adaptación del mercado.
"Desde los poderes públicos será imprescindible garantizar la estabilidad de los marcos normativos durante los ciclos de inversión -mínimo 5 años-, proporcionando flexibilidad en el cumplimiento de objetivos de emisiones entre 2025 y 2030, y facilitar la adaptación industrial sin sanciones. Los inversores y los consumidores necesitan reglas claras, y el constante cambio normativo y el intervencionismo gubernamental sólo generan incertidumbre que aleja capital, talento e innovación", han concluido.