30.445 plazas en la Oferta de Empleo Público para una Administración del siglo XXI

El Consejo de Ministros ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2021, que incluye 30.445 plazas, un 8,5% más que el año pasado. 13.982 plazas son de ingreso libre y 9.509 de promoción interna para la Administración del Estado. El resto corresponde a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y fueron aprobadas ya mediante Real Decreto.

Esta oferta es "la mayor de la serie histórica", ha resaltado la ministra responsable de Función Pública, María Jesús Montero. Sumada a las de los tres años anteriores, supone la convocatoria por el gobierno actual de 110.000 plazas de empleo público, un 73% más que durante los seis ejercicios anteriores, de 2012 a 2017.

Montero ha reiterado la importancia de lo público en relación con la protección de las personas y la necesidad de articular una administración moderna, ágil y transparente, capaz de acompañar los retos de transformación contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una de cuyas política palanca es precisamente "Una Administración para el siglo XXI".

En consonancia con estos objetivos, la Oferta de Empleo Público pone el acento en las actividades conectadas con el Plan: un 12% de las plazas se dirige a las vinculadas a la transformación digital; más del 10% a la modernización del sistema fiscal; un 8,4% a la reforma de la justicia, y más del 5% a sanidad y a infraestructuras y ecosistemas resilientes. Asimismo, se potencian las plazas asociadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), con un aumento del 37% de las convocadas respecto a 2020.

Una Administración para el siglo XXI

No es posible abordar una auténtica transformación de la economía y la sociedad sin una Administración pública que actúe como tractor de los cambios tecnológicos, impulsando innovaciones, acompañando al sector privado, activando a los sectores y creando nuevos modelos de negocio replicables y escalables en el conjunto de la economía. Se plantea por ello una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. Se basa en la digitalización de los servicios y del funcionamiento de la Administración, y la transición energética de la infraestructura y parque público, por su efecto arrastre sobre el resto de la economía.

Retos y objetivos

El Plan de Recuperación afronta uno de los retos de la sociedad española muchas veces retrasado: la reforma y modernización de la administración pública, con el fin de adaptarla a los retos de la sociedad contemporánea.

La transformación eficaz del tejido productivo español que se tiene que producir en los próximos años sólo será posible si se actualiza la administración pública, dado su papel clave en el buen funcionamiento de la economía. Este cambio, de impacto transversal, descansa en cuatro ejes:

(i)   Digitalización de la administración y sus procesos, mediante la introducción de nuevas tecnologías y la simplificación de procedimientos, orientando el conjunto de las unidades administrativas a la atención a la ciudadanía y la resolución de sus problemas.

(ii)   Reducción de la temporalidad de los empleados públicos y mejora de su formación.

(iii)   Transición energética de la administración, a través de la rehabilitación de sus edificios y la utilización de energías renovables.

(iv)   La modernización de la gestión pública, asegurando un nuevo modelo de gobernanza más estratégico y con un seguimiento que permita una mejor rendición de cuentas.

El plan afronta además uno de los grandes retos de la democracia española: la agilización de la justicia a través de reformas en los procedimientos y modernización de sus infraestructuras.

Inversión total estimada

4.239 millones de euros

Reformas

Reforma para la modernización y digitalización de la Administración. El objetivo de la reforma es la simplificación y digitalización de los procesos y procedimientos administrativos, así como reducir la tasa de temporalidad en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas. Asimismo, se reforzará la evaluación de las políticas públicas con el fin de mejorar su eficiencia.

Reforma para el impulso del Estado de Derecho y la eficiencia del servicio público de justicia. Se establece un plan de trabajo para diez años cuyo objetivo es la adaptación y mejora de la administración de Justicia para y hacerla más accesible y eficiente, digitalizarla y promover su transformación ecológica.

Reforma para la modernización de la arquitectura institucional de gobernanza económica. Supone la puesta en marcha de un conjunto de políticas en el ámbito financiero y contable, con el fin de reforzar nuestro sistema e incrementar la protección de los consumidores en materia financiera.

Estrategia Nacional de Contratación Pública. Profesionalización de los agentes intervinientes en la contratación pública, mejora el acceso de las pymes, refuerzo de la transparencia y la eficiencia, de la seguridad jurídica y de la supervisión y control.

Refuerzo de las capacidades administrativas. La reforma incluye los elementos necesarios para la ejecución del Plan: sistema de seguimiento, auditoría y control, formación y comunicación. De este modo, transformará las Administraciones públicas, a la vez que propiciará un cambio de cultura administrativa, con el consiguiente impacto positivo a medio y largo plazo a nivel económico y social.

Inversiones

Modernización de la Administración General del Estado, y orientación al servicio del ciudadano. Se logrará a través de la mejora de los servicios públicos digitales, mejorando las infraestructuras tecnológicas y la ciberseguridad, automatizando procesos y el desarrollo de servicios públicos basados en datos.

Proyectos tractores de digitalización de la Administración General del Estado. Seis iniciativas para la transformación digital de las Administraciones de sanidad, justicia, el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, las migraciones y las políticas de inclusión, los consulados, y una lanzadera de proyectos tractores en Interior y Defensa, Agricultura y Consumo.

Transformación Digital y Modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las CCAA y las EELL, inversión que aborda proyectos de modernización en el ámbito de la Administración General del Estado y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, para promover el ahorro y la eficiencia energética y fomentar la utilización de energías de origen renovable en los edificios e infraestructuras, así como impulsar la movilidad sostenible.

Transformación de la Administración para la Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta inversión se orienta a poner en marcha los elementos imprescindibles para un correcto funcionamiento del Plan e incluye tanto acciones de carácter organizativo como formativas y de comunicación.