viernes, 29 de marzo

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Sociedad

El Gobierno decide exhumar a Franco antes del 25 de octubre

Carmen Calvo expresa la "satisfacción" del Ejecutivo, porque "supone cerrar con dignidad rotundamente lo que no era digno, 40 años después"

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La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros ha decidido disponer de un periodo de tiempo desde hoy y hasta el próximo 25 de octubre para proceder a tomar las decisiones técnicas y de seguridad que permitan la exhumación y reinhumación de los restos de Franco que se encuentran en el Valle de Los Caídos.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, Calvo ha subrayado que “para el Gobierno es una satisfacción extraordinaria, porque supone cerrar con dignidad rotundamente lo que no era digno 40 años después”. “Queremos que ese lugar se circunscriba a la paz, al perdón y a la justicia de quienes fueron víctimas de una atroz contienda”, dijo.

Calvo aseguró que el propio presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de llevar en mano “el tercer acuerdo” para proceder a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo en relación a la modificación de la Ley de Memoria Histórica que indicaba que los restos del dictador tenían que salir de un lugar de enaltecimiento donde están el resto de las víctimas.

Calvo ha explicado que este proceso se va a llevar a cabo con arreglo a los criterios de “respeto” y “discreción” que requieren el tratamiento de unos restos humanos. En este sentido, avanzó que el Gobierno comunicará a la familia con 48 de antelación el día exacto y la hora a la que se va a realizar la exhumación y reinhumación. Asimismo, explicó que, durante los trabajos de exhumación, no se permitirá el acceso a los medios de comunicación en el interior de la Basílica del Valle de los Caídos, aunque sí en los espacios públicos para garantizar el derecho a la información.

La vicepresidenta ha recordado que “la fecha del Gobierno para la exhumación era el 10 de junio”, pero los recursos posteriores nos han conducido a esta fecha. En cualquier caso, ha insistido en que su deseo es no llegar más allá del límite del 25 de octubre para que esta situación “esté fuera de la inminente campaña electoral”.

“Nos sentimos muy honrados como gobierno de haber sido una parte sustancial del impulso que hoy lleva a un gran logro que compartimos con todos y que forma parte de la historia de nuestra democracia”, concluyó.

Entregas a cuenta

El Consejo de Ministros ha aprobado también un real decreto-ley que permite la actualización, por valor de 4.682 millones/€, de las entregas a cuenta de 2019 para las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Una cantidad que, sumada a los 2.136 millones de incremento que ya estaban recibiendo, eleva la cifra hasta los 6.818 millones de euros; un 7,1% más que las recibidas en 2018.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha relatado cómo han ido cambiando las circunstancias que han permitido dar vía libre finalmente a esta decisión y ha negado que se haya producido ningún cambio de criterio sobre las entregas a cuenta, puesto que el Gobierno ha estado desde el principio buscando soluciones dentro de la legalidad vigente.

Montero ha destacado que, “frente a quienes bloquean, este gobierno es responsable y busca y encuentra soluciones y, por tanto, seguimos comprometidos con el bienestar de los ciudadanos, buscando soluciones a los problemas de urgencia que se plantean. Seguiremos gobernando hasta el último día con el único propósito de mejorar la vida de la gente y espero que esta actualización así lo haga”, subrayó.

Thomas CooK

El Gobierno también ha aprobado otro real decreto-ley de medidas urgentes dirigidas a paliar los efectos de la insolvencia del grupo Thomas Cook, tanto sobre los trabajadores como sobre las empresas españolas del sector, que incluye la apertura de una línea de crédito a través del ICO de 200 millones para las empresas que se hayan visto afectadas y subvenciones directas a los gobiernos de Canarias (15 millones) y Baleares (8 millones).

Como ha señalado Carmen Calvo, se trata de una respuesta razonable a una crisis sobrevenida para amortiguar sus efectos –también en términos de empleo- en un sector tan importante para la economía española como es el turismo.