CCOO y UGT denuncian el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo de Fundación Diagrama e instan a las administraciones a intervenir

Fundación Diagrama, una entidad del tercer sector sin ánimo de lucro con implantación en todo el territorio español, en la que trabajan una cantidad cercana a los cuatro mil trabajadores, casi en su totalidad dependientes de contratos públicos de servicios con la Administración, mantiene bloqueada desde hace un año la negociación de su convenio colectivo con maniobras dilatorias impropias de una organización que dice trabajar para el bienestar de las personas.

En Castilla-La Mancha, la Fundación Diagrama gestiona en la actualidad, con subvenciones de la consejería de Bienestar Social, el Centro Educativo Juvenil La Cañada en Ciudad Real, un Centro de Mayores en Alcaraz (Albacete), un centro de convivencia educativa en Toledo, varios centros de día de mayores y varios programas de inserción social, laboral y familiar. En total, en la región hay unos 400 trabajadores y trabajadoras afectados por el conflicto.

Se da la circunstancia de que fue la propia empresa quien denunció el convenio colectivo bajo el pretexto de adaptar este a las nuevas necesidades y realidades del sector en que desarrolla sus actividades.

Sin embargo, “desde que hace un año se constituyó la mesa negociadora no ha hecho una sola propuesta en firme, aparte de negarse reiterada e injustificadamente a abonar a sus trabajadores la revisión salarial que recoge el convenio colectivo correspondiente a la actualización del IPC de 2017”, explica Antonio Romero, trabajador de La Cañada, responsable de la sección sindical estatal de CCOO en la Fundación Diagrama y presidente del comité intercentros.

La insostenible tesitura, unida a la práctica congelación salarial que desde hace ocho años vienen sufriendo trabajadores y trabajadoras, han llevado a las secciones sindicales de CCOO y UGT en la empresa, por una parte, a interponer un conflicto colectivo en la Audiencia Nacional por el impago del IPC y, por otra, a comenzar a realizar movilizaciones como protesta y denuncia de la situación que vienen sufriendo los trabajadores.

Paralelamente, delegados y delegadas de ambas centrales sindicales comenzarán a solicitar a las distintas administraciones –que son quienes dotan presupuestariamente estos servicios (menores infractores, mayores, protección de menores, etc.) y últimas responsables de esta gestión de un servicio público– a que insten a la empresa a emplear ese dinero en el capítulo que por ley les corresponde, es decir, a las retribuciones salariales de los trabajadores.