viernes, 29 de marzo

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Seguridad-Defensa

La Policía Nacional detiene a cuatro miembros de una red que realizaba contratos ficticios para obtener subvenciones públicas y subsidios

Tres de los detenidos estaban a cargo de una empresa de Ciudad Real que utilizaban para facilitar los contratos a personas sin que llegasen a realizar actividad laboral alguna. La suma total del dinero defraudado por los supuestos "trabajadores" a las arcas públicas asciende a 9.600 euros. En la operación "CENTAURO" han intervenido agentes de Ciudad Real y Murcia, con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

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La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, ha desmantelado una red para la contratación  fraudulenta de trabajadores con el objetivo de que éstos accedieran a subvenciones públicas y subsidios.  e incluso obtuvieran irregularmente derechos en materia de extranjería. En esta operación, denominada “CENTAURO”, se ha detenido cuatro personas, tres de ellas en Ciudad Real y una en Murcia, como máximos responsables de esta red.

Tres de los detenidos, dos hombres y una mujer, estaban a cargo de una empresa de Ciudad Real desde la que habían dado de alta, de manera fraudulenta, a distintos trabajadores para que estos accedieran de manera indebida a subvenciones, prestaciones públicas y subsidios. Incluso se pudo comprobar que uno de estos supuestos trabajadores había utilizado el alta en la empresa para obtener derechos en materia de extranjería.

El cuarto detenido operaba desde Murcia y se le imputan delitos contra la Seguridad Social, ya que habría facilitado contratos ficticios a dos personas que también fueron detenidas por haber utilizado dichos contratos de manera fraudulenta.

La suma total del dinero defraudado a las arcas públicas mediante la obtención fraudulenta de prestaciones por los supuestos trabajadores asciende a un total de 9.606 euros.

La operación CENTAURO, se inició en la Comisaría Provincial de Ciudad Real y contó con la colaboración de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente, las pesquisas policiales permitieron determinar que uno de los implicados operaba desde Murcia, por lo que colaboraron en la investigación efectivos de la Jefatura Superior de Policía de Murcia.