El Fiscal Jefe de Ciudad Real abre Diligencias Penales contra el Consorcio para el Servicio Contra Incendios de Ciudad Real 1006

Los miembros del Tribunal Calificador José María Roldán Real y Manuel Prieto Martín-Albo, han impugnado las actuaciones del propio Tribunal de la oposición de la que ellos son miembros. Previamente a la denuncia penal ante la Fiscalía, se han recurrido las decisiones del tribunal calificador que han sido adoptadas por mayoría de tres votos contra los votos de Roldán y Prieto.

De los cinco miembros del Tribunal Calificador, Roldán y Prieto son de profesión bomberos con antigüedad de 35 años con plaza y puesto de trabajo fijo. Los otros tres miembros del Tribunal de la Oposición no denunciantes, son el Gerente del Consorcio, el Secretario del Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava y el Jefe del Parque de bomberos de Ciudad Real (con nombramiento provisional), siendo estos quienes, según los denunciantes, han ocasionado la enorme inseguridad jurídica de este proceso, que incluso podría haber incurrido en responsabilidad penal.

Presentada por Roldán y Prieto ante la Fiscalía de Ciudad Real la denuncia; se ha recibido Diligencia nº procedimiento 130/2022 de la misma Fiscalía, que dice:

“Acuso recibo de su escrito/denuncia remitido a esta Fiscalía, poniendo en conocimiento anomalías en el Procedimiento Administrativo de selección para el acceso a 26 plazas de Bomberos del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, y se informa que, en el día de la fecha, se han incoado Diligencias de Investigación Penales con el número arriba referenciado, al amparo de lo prevenido en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.”

Sin perjuicio de lo que resulte de las actuaciones penales que ha iniciado la Fiscalía de Ciudad Real, en la que los denunciantes señalan directamente actuaciones personales, de las que resultarían beneficiados familiares de actuales cargos políticos; lo que se verá en la causa penal. Por su parte, los recursos administrativos presentados por Roldán y Prieto anteriormente en el Consorcio Contra Incendios, pretenden la nulidad de todo lo actuado y la vuelta a la realización del primer ejercicio de la oposición, por los siguientes motivos:

1º.- En el primer ejercicio tipo test, el Gerente del Consorcio y miembro del Tribunal Calificador, Miguel Peña, decidió entregar las preguntas ya realizadas a un fotocopista privado, que nada tenía que ver con el tribunal calificador. Perdiendo los miembros del Tribunal Calificador la guarda y custodia de las preguntas ya formalizadas y dispuestas para ser fotocopiadas; el ejercicio debería ser realizado al día siguiente de la realización de las fotocopias. Por cuya razón el riesgo de filtración fue altísimo, y era tan simple cómo redirigir, pulsando una sola tecla, de esa fotocopiadora privada a cualquier correo electrónico las 100 preguntas tipo test.

2º.- En el segundo ejercicio psicotécnico: el mismo Gerente del Consorcio decidió contratar los servicios de una empresa privada, también con la queja y voto en contra de Roldán y Prieto. Pues hay que tener en cuenta que la participación en un Tribunal Calificador está vedada a sólo los miembros del Tribunal; y la participación de asesores especializados está limitada por ley. Mientras que en este caso, esa empresa contratada fue la encargada absoluta de realizar el cuestionario del ejercicio y de la corrección.

3º.- En el tercer ejercicio de pruebas físicas: Igualmente se llamó a otra empresa privada, en este caso, de Deporte Base, que fue “delegada” por el Tribunal Calificador para gestionar ellos mismos las marcas. De tal forma, que no se preocuparon ni tan siquiera de poner un panel de cronómetro para medir el tiempo, o una tabla graduada en el foso para medir las distancias, que pudieran ser seguidas por las personas presentes en la realización de las pruebas físicas, entre ellos los propios miembros del Tribunal Calificador.

Roldán y Prieto denuncian que se ha ido a peor; pues en la última oposición a bomberos del año 2018, primó la transparencia en la realización de las pruebas físicas, que se realizaban a la vista de todas las personas presentes en la instalación deportiva, con la participación de jueces de las distintas federaciones deportivas, y con la utilización de pantallas y cronómetros a la vista de todas las personas, se podía realizar junto con los miembros del Tribunal Calificador el seguimiento y marcas de las distintas pruebas.

Ahora en estas pruebas del año 2022, premeditadamente se ha dado un giro contrario para favorecer la inseguridad y el ocultamiento de las marcas. Cada marca era recogida por un empleado de una empresa contratada, con el uso de su móvil personal o bien con cinta métrica, y sin ningún otro contraste público, la borraban acto seguido y cantada de viva voz, el Secretario la apuntaba en su libreta.

Denuncian Roldán y Prieto que en algún caso concreto les resultó muy extraño que un determinado opositor hubiera realizado la prueba física justo en el límite del aprobado, cuando en su percepción óptica y temporal, estaban sobradamente fuera del listón del aprobado. En este sentido, les llamó profundamente la atención que el aprobado más justo que se produjo fue con las siguientes marcas:

En prueba de trepa de cuerda, 9”98 cuando el límite del suspenso estaba en 10” y en salto de longitud 2,20 m. cuando el límite del suspenso estaba justo en esos 2,20 m. Y resultando además que ambas fueron las notas más bajas dadas por un aprobado; y resultando también que ese mismo opositor aprobado está señalado por los denunciantes en el escrito que dirigieron a la Fiscalía.

4º.- Por último, se denuncia también que en el sexto y último ejercicio de la oposición, el Secretario del Tribunal Calificador, abrió en privado junto con el Gerente los sobres de los ejercicios, que estaban anonimizados, precisamente para garantizar el anonimato en la corrección del ejercicio. Lo que el Secretario y Miguel Peña, rompieron sorpresiva y deliberadamente con anterioridad a la corrección de exámenes.

En resumen, la oposición a estas 26 plazas de bombero, al parecer de los dos miembros del tribunal calificador denunciantes, y miembros del sindicato CC.OO., ha sido un verdadero cruce de intereses particulares y cúmulo de actuaciones irregulares que están fuera de la mínima garantía de imparcialidad y transparencia que ha de primar en una oposición libre de esta naturaleza.