Sociedad
26/12/2018
El Consejo de Ministros, reunido este viernes en Barcelona, aprobó la mayor subida del salario mínimo interprofesional desde 1977. A partir del 1 de enero, el SMI crecerá un 22% y alcanzará los 900 euros en 14 pagas, lo que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, según detalló en la rueda de prensa posterior a la reunión la ministra portavoz, Isabel Celaá. Celaá también destacó que el 56% de esos beneficiarios son mujeres y que, con esta decisión, el SMI español, que hasta ahora estaba muy por debajo de la medida europea, se acerca a las cuantías de países de nuestro entorno.
Además, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez aprobó la subida del salario de los empleados públicos que el presidente anunció esta semana en su comparecencia en el Senado. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, destacó el deseo del Ejecutivo de “impulsar” el funcionamiento de los servicios públicos tras años de “recortes muy relevantes” ejecutados por la derecha durante la crisis. “Necesitamos recuperar recursos económicos y materiales, pero sobre todo, humanos”, explicó.
En línea con ese objetivo, 2,5 millones de personas trabajadoras de la Administración General del Estado o de las administraciones autonómicas o locales percibirán un incremento del 2,25% en sus nóminas a partir de enero. Esa subida podría alcanzar el 2,75% en función de la evolución del PIB y de la productividad de estos empleados. “Los empleados públicos han soportado congelaciones e incluso reducciones de sueldo durante la crisis. Parece lógico que en un nuevo contexto avancemos en recuperar los salarios”, insistió la ministra Batet.
Reconocimiento a Companys
El Gobierno, además, tomó conocimiento de la declaración de reparación y reconocimiento personal de Lluís Companys, con lo que se rechaza y condena el consejo de guerra que decidió su ejecución. A preguntas de los periodistas, Batet señaló que fue la propia familia la que había pedido este gesto y que el Gobierno ha querido atender “esta reivindicación” con un gesto de “reparación contundente”. Otra de las medidas aprobadas, explicó la ministra Celaá, fue reconocer el carácter “injusto” y declarar la “ilegitimidad” de las sanciones que recibieron un total de siete académicos de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales durante la dictadura franquista.
La portavoz del Ejecutivo socialista anunció también la intención del Gobierno de modificar el nombre del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que se denominará a partir de ahora Josep Tarradellas. Según explicó Celaá, este cambio lanza un mensaje de “concordia, entendimiento y diálogo reconociendo la figura del president Tarradellas”.
Sobre la situación política en Cataluña, la también ministra de Educación y Formación Profesional agregó que el Gobierno realiza una valoración “muy positiva” de la reunión mantenida el jueves por el presidente del Gobierno y el president de la generalitat, por cuando supone un avance en la búsqueda de “espacios de diálogo”: “El Gobierno considera que no existe ninguna otra receta: ni soflamas emocionales ni una aplicación perpetua del 155. El diálogo dentro de la Constitución es lo que nos llevará a encauzar el conflicto de Cataluña, y eso es lo que se hizo ayer”, concluyó.
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