Los políticos juegan al póker… con tu dinero

¿Jugarías igual al póker si lo hicieras con tu propio dinero que si lo hicieras con fichas prestadas? La respuesta es evidente. Cuando arriesgas tus propios recursos, cada decisión cuenta. Pero cuando juegas con lo ajeno, el riesgo deja de importar.

 

Esa es la clave para entender el comportamiento económico de muchos políticos: administran millones de euros sin asumir ningún coste cuando se equivocan. Y lo hacen con la tranquilidad de saber que no son ellos quienes pagan los errores. Somos los ciudadanos.

 

Decisiones millonarias sin control

 

En los últimos meses, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha protagonizado decisiones económicas que han generado perplejidad y preocupación entre vecinos, comerciantes y técnicos. Una de las más sonadas es la prevista reubicación de funcionarios municipales en un nuevo edificio, situado fuera del centro urbano, por un coste que superará los 30 millones de euros.

 

La operación, heredada de la anterior corporación, no ha sido frenada ni revisada por el equipo de gobierno actual, pese a las promesas y peticiones en la oposición. ¿Dónde está el informe de impacto económico de este traslado? ¿Qué ha pasado con aquellas exigencias del PP cuando estaba en la bancada opositora?

 

Lo cierto es que esta decisión provocará el vaciamiento del centro de Ciudad Real, con consecuencias directas para el comercio, la hostelería y la vida urbana. Una medida costosa, innecesaria y con efectos perjudiciales a medio plazo.

 

Y no es el único ejemplo. La reciente pasarela peatonal entre Ciudad Real y Miguelturra, valorada en más de 6 millones de euros, se suma a la lista de decisiones de rentabilidad social dudosa y prioridades mal planteadas. Una obra que muchos vecinos no consideran urgente, y que sin embargo ha salido adelante sin un estudio económico serio.

 

Mientras tanto, se siguen realizando compras e inversiones sin planificación, ni evaluación de impacto, ni justificación técnica, con el dinero de todos como si no costara nada.

 

Gastos desbocados y sin retorno

 

A estas decisiones se suma una estructura de gasto creciente e ineficiente. Los gastos de personal aumentan cada año, sin que eso se traduzca en mejores servicios. Los presupuestos para festejos se disparan, mientras las inversiones estructurales se estancan. Y lo más preocupante: una maraña de subvenciones que muchas veces no responden a criterios técnicos ni de necesidad, sino a intereses políticos, clientelares o partidistas.

 

¿Resultado? Cuando no hay dinero suficiente, no se recorta el despilfarro: se suben impuestos, se incrementan tasas o se endeuda al municipio. Para muchos políticos, los vecinos son simplemente una fuente de financiación, un cajero automático al que recurrir sin miramientos.

 

Sin consecuencias, sin responsabilidad

 

Como advirtió el economista estadounidense Thomas Sowell, hemos confiado la gestión pública a personas que toman decisiones sin pagar ningún precio por equivocarse.

 

Si un ciudadano o empresario falla en su gestión, lo paga con su bolsillo. Pero si lo hace un político, lo paga toda la sociedad. Y lo más grave: nadie responde por ello.

 

En la política local, la evaluación de políticas públicas es inexistente, el análisis coste-beneficio brilla por su ausencia, y la rendición de cuentas es meramente formal. Todo se juzga por la intención, nunca por el resultado.

 

¿Y la oposición?

 

La responsabilidad no recae únicamente en el gobierno. La oposición tiene el deber democrático de fiscalizar, controlar y exigir explicaciones. Si calla, si se limita a la crítica superficial, si entra en el juego del reparto político, se convierte en cómplice por omisión.

 

La oposición no es un adorno institucional. Es el contrapeso esencial de toda democracia sana. Y cuando falla, la desafección ciudadana crece.

 

Políticos al servicio de los ciudadanos. No al revés.

 

Conviene recordarlo: los cargos públicos están al servicio de los ciudadanos, no al revés. Sus sueldos, sus obras, sus decisiones se financian con los impuestos que todos pagamos. No pueden seguir actuando como si el presupuesto fuera suyo. No pueden seguir jugando con nuestro dinero como si fueran fichas de un casino.

 

Los ciudadanos tienen derecho —y el deber— de exigir explicaciones, transparencia y responsabilidad. No somos un rebaño. Y nuestro dinero merece respeto.

 

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