viernes, 29 de marzo

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Ministerio Fiscal: unidades especializadas en materia de consumo

por Teresa Utrilla (Máster en Economía y Derecho del Consumo)

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Hace unas semanas la prensa nacional anunciaba como la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado del año 2017 proponía la creación de una unidad especializada en materia de protección del consumidor. El motivo en que se basaba la propuesta era el aumento de litigiosidad en el ámbito bancario y la necesidad de atajar el aumento de las estafas que se producen en internet.

El Ministerio Fiscal está legitimado constitucionalmente para promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Esta promoción de la justicia abarca todos los órganos jurisdiccionales: el penal, el civil, el social y el contencioso administrativo.

Esta previsión constitucional se ha desarrollado por el ámbito de la defensa de los consumidores y usuarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que tras la modificación introducida en la Ley 3/2014 y en el Real Decreto 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores prevé la legitimación del Ministerio Fiscal (sin distinguir entre acciones individuales y colectivas) para promover e inicial procesos en defensa de los consumidores y usuarios ejercitando la acción de cesación para que cesen los comportamientos de las empresas que sean contrarios a la normativa de consumo junto a la acción restitutoria e indemnizatoria, para ejercitar cualquier clase de tutela jurisdiccional que sea necesaria: condena a una prestación determinada, la declaración de la existencia de derechos o situaciones jurídicas, su constitución, modificación, extinción, adopción o ejecución de medidas cautelares.

La Memoria del Ministerio Fiscal pone de manifiesto que los delitos contra los consumidores son una minoría si se comparan con la gran cantidad de reclamaciones que si pueden tener un recorrido civil. Por lo que teniendo en cuenta el amplio campo de actuación del que dispone el Ministerio Fiscal en materia de defensa de los consumidores y usuarios, la propuesta realizada por la propia institución para crear una unidad especializada en consumo podría constituir un gran avance en la defensa de los consumidores en nuestro país en la concreta vía civil. No puede perderse de vista que en muchas ocasiones tras la mediación realizada por las autoridades administrativas de consumo, los consumidores no recaban la acción de la justicia por la complejidad técnica que les supone, ya que desconocen tanto el fondo de la cuestión así como las normas procesales a las que se deberán enfrentar en el procedimiento judicial. Asimismo la cuantía del objeto de la reclamación, puede ser superada con creces por el asesoramiento legal del que puedan precisar para tener alguna garantía de éxito en el proceso.

Asimismo en el momento actual en que los contratos entre empresas y consumidores son de adhesión los problemas a los que se enfrentan sistemáticamente los consumidores podrían ser estudiados con una visión de conjunto en las Fiscalías para ejercitar acciones colectivas.

Pero esta protección puede ir mucho más allá, ya que el Ministerio Fiscal puede impugnar la actividad administrativa de las autoridades de consumo ante la jurisdicción contencioso administrativa cuando considere que en la actuación dichas autoridades no protege adecuadamente la seguridad, salud o los intereses económicos de los consumidores, utilizando la revisión de oficio y el resto de recursos administrativos ante las administraciones o recurriendo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y no solo para proteger los derechos generales de los consumidores, sino en ámbitos más especiales como en materia de condiciones generales de la contratación (tanto registro como control y aprobación administrativa), en la actuación de los Registradores y Notarios sobre los derechos a los consumidores, en el sistema arbitral de consumo (ejercitando la acción de anulación de laudos arbitrales), pudiendo impugnar los actos y decisiones de los órganos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ejercitando la acción de cesación por publicidad ilícita de medicamentos de uso humano y productos sanitarios que lesionen intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios e impugnando las resoluciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y lo mismo puede citarse de otros ámbitos donde las Administraciones Públicas deben velar por los derechos de los consumidores: la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, autoridades competentes en materia de juego o la Administración Pública Sanitaria.

Por tanto la propuesta del Ministerio Fiscal merece un aplauso y si se dota de los medios humanos y materiales necesarios puede suponer un gran avance en la defensa del consumidor. Esperemos que las autoridades competentes para la creación de las unidades tomen buena nota de ello.

 

Foto: apmnacional.es